Por redacción Mundo Portuario
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes han dejado de ser fenómenos marginales en Chile para convertirse en una amenaza creciente y estructural. Desde 2023, el número de víctimas detectadas se ha triplicado, revelando una realidad alarmante: el país no solo es un territorio de tránsito, sino también de destino para redes internacionales de crimen organizado que operan con un nivel de sofisticación y violencia creciente.
La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, muchas de ellas extranjeras, en su mayoría venezolanas, que ingresan al país por pasos no habilitados o bajo falsas promesas laborales. En muchos casos, son cooptadas por organizaciones criminales que las explotan sexual o laboralmente, manteniéndolas bajo coerción psicológica, económica o física. La deuda impuesta por el “cruce” se convierte en una herramienta de control, y el miedo a la deportación las mantiene en silencio.
Pese a los reiterados informes de organismos internacionales y las advertencias de las ONG que trabajan en terreno, la respuesta institucional ha sido lenta, fragmentada y muchas veces reactiva. La coordinación entre policía, fiscalía, migración y servicios de protección aún presenta brechas críticas. Además, la falta de datos centralizados y actualizados impide dimensionar con precisión la magnitud del problema.
Pero más allá de los números, lo que se discute en voz baja es la capacidad real del Estado para enfrentar a mafias transnacionales que operan con impunidad en las zonas fronterizas y urbanas del país. Organizaciones como el Tren de Aragua han sido identificadas en diversos operativos, lo que confirma que estas redes no son espontáneas ni desorganizadas: tienen jerarquías, logística, financiamiento y conexiones locales.
En este contexto, surgen preguntas incómodas: ¿Tiene Chile los recursos humanos, tecnológicos y jurídicos para enfrentar este tipo de crimen organizado? ¿Cuánto incide el descontrol migratorio en el fortalecimiento de estas redes? ¿Cuál es la línea que separa la legítima protección de los derechos humanos de una ingenuidad institucional que termina favoreciendo a los victimarios?
El debate se agudiza en medio de un clima político polarizado, donde los discursos sobre migración, seguridad y derechos humanos chocan constantemente. Mientras sectores exigen endurecer las medidas de control y expulsión, otros advierten sobre la necesidad de proteger a las víctimas sin criminalizar la movilidad humana.
Lo cierto es que la trata y el tráfico no se combaten solo con leyes duras o declaraciones en conferencias. Se requiere una estrategia nacional robusta, sostenida en el tiempo, con inversión real, equipos especializados y, sobre todo, voluntad política para enfrentar el problema con la seriedad que amerita. Porque mientras la discusión se estanca, las víctimas siguen llegando, invisibles, vulnerables, y muchas veces sin esperanza.
El país enfrenta hoy una encrucijada ética y operativa. La trata de personas no es solo un delito: es una herida abierta en el corazón del sistema, y su avance marca un retroceso profundo en derechos, seguridad y dignidad. El tiempo para actuar se agota. Y el silencio, en estos casos, también es una forma de complicidad.
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