Por redacción Mundo Portuario
Mientras el comercio internacional avanza hacia una era de eficiencia, trazabilidad y tecnología, la modernización de los puertos chilenos enfrenta un nuevo foco de tensión estructural: la automatización y sus implicancias laborales. En medio de un escenario global marcado por terminales robotizados, grúas operadas a distancia, algoritmos de optimización de carga y vehículos autónomos, los sindicatos portuarios de Chile observan con inquietud y creciente preocupación un fenómeno que —aunque aún incipiente en el país— parece inevitable: la progresiva reducción del empleo tradicional en faenas portuarias.
La industria marítimo-portuaria está en plena transformación a nivel mundial. Según la consultora Drewry, más del 40 % de los grandes terminales del mundo ya ha incorporado procesos de automatización parcial o total en operaciones de carga y descarga. Puertos como Rotterdam, Qingdao, Busan o Los Ángeles operan hoy con sistemas donde los trabajadores ya no están en la bodega ni en las grúas, sino en salas de control, gestionando interfaces y sistemas digitales.
En Chile, aunque la automatización portuaria aún no ha alcanzado niveles disruptivos, algunos terminales concesionados están comenzando a incorporar tecnologías que podrían redefinir completamente la forma en que se trabaja en los muelles. San Antonio Terminal Internacional (STI), Puerto Angamos en Mejillones y DP World San Antonio ya han invertido en control remoto de grúas STS, monitoreo satelital, plataformas de despacho digital y sistemas de optimización de patio, con resultados positivos en eficiencia, pero también generando alertas en el plano laboral.
Los sindicatos, históricamente combativos y organizados, han advertido que la automatización no puede imponerse como una decisión unilateral del capital, sin considerar el impacto sobre miles de trabajadores portuarios eventuales, contratistas y servicios auxiliares. Desde la Unión Portuaria de Chile (UPCH), que agrupa a más de 6.000 trabajadores del país, han manifestado su rechazo a cualquier intento de automatización que implique eliminación de puestos de trabajo sin procesos de reconversión laboral justos y transparentes.
“Sabemos que el avance tecnológico es una realidad, pero no aceptaremos que ese progreso se construya sobre el desempleo o la precarización de nuestros compañeros. El desarrollo debe ser con diálogo, inversión en capacitación y garantías laborales”, señalan desde la vocería nacional de la UPCH.
La preocupación no es infundada. Estudios del Banco Mundial y la OIT estiman que la automatización podría reducir entre un 20 % y un 40 % el empleo directo en faenas portuarias tradicionales en los próximos 10 años, especialmente en operaciones de grúas, almacenamiento y despacho. En un país como Chile, donde aún existe una fuerte dependencia del trabajo eventual portuario, este fenómeno puede tener implicancias sociales graves, especialmente en regiones donde el puerto es el principal motor económico.
A nivel institucional, no existe aún una política pública clara que regule el proceso de automatización en los puertos. La legislación laboral vigente no contempla normas específicas sobre reconversión tecnológica en zonas portuarias, ni establece obligaciones empresariales en materia de capacitación o reconversión laboral. Tampoco existe un marco de diálogo tripartito formalizado entre empresas, sindicatos y Estado que permita planificar la transformación tecnológica de manera colaborativa.
Desde el Ministerio del Trabajo, se ha señalado que el tema “está en evaluación” y que se buscará establecer mesas técnicas de conversación durante 2025, pero los sindicatos presionan para que se avance con mayor celeridad. “No queremos que nos informen cuando ya esté todo implementado. Queremos participar desde la etapa de diseño de estas tecnologías, porque el conocimiento práctico de los trabajadores es clave para que esto funcione bien y de manera justa”, afirman desde los sindicatos del Biobío.
Otro factor que complejiza la situación es la falta de preparación digital de una parte significativa del personal portuario. Muchos trabajadores de muelle no han tenido acceso a formación en nuevas tecnologías, lo que amplía la brecha digital y reduce sus posibilidades de adaptarse a un escenario automatizado. Las empresas han comenzado a implementar programas piloto de formación, pero su alcance sigue siendo limitado y no responde a una estrategia nacional coherente.
En este contexto, algunos expertos proponen avanzar hacia un modelo de automatización socialmente responsable, donde el Estado establezca incentivos para la capacitación digital, garantías de empleo en transición y programas de certificación laboral adaptados a la nueva realidad tecnológica. “La automatización no debe ser vista como una amenaza inevitable, sino como una oportunidad para elevar el estándar de trabajo portuario, mejorar condiciones de seguridad y profesionalizar el sector, pero eso requiere liderazgo público y planificación estratégica”, señala un informe reciente del Centro de Estudios Portuarios de la Universidad de Valparaíso.
Un punto sensible es la relación entre automatización y conflictividad sindical. Chile ha vivido en las últimas décadas diversos conflictos portuarios que han paralizado operaciones por días o semanas. La posibilidad de que la introducción de tecnología genere nuevos focos de conflicto no es menor, especialmente si se percibe como una amenaza directa al sustento laboral. La gobernanza portuaria debe, por tanto, incorporar esta dimensión humana y social como parte integral del proceso de modernización.
La tensión entre eficiencia operativa y justicia social será, sin duda, una de las grandes batallas del futuro logístico chileno. La automatización portuaria no es solo un asunto técnico: es un fenómeno político, económico y cultural que definirá el rostro del trabajo portuario del siglo XXI.
Y aunque las grúas ya puedan operarse desde pantallas, el conflicto sigue estando en el muelle.
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