Autoridades plantean un nuevo modelo institucional para frenar el ingreso ilegal de mercancías y proteger la producción nacional formal.
El presidente Rodrigo Paz anunció una reforma aduanera profunda que contempla el cierre de la actual Aduana Nacional y la creación de una nueva institución de control fronterizo, con el objetivo declarado de enfrentar el contrabando que golpea a la economía boliviana y deteriora la confianza en los organismos encargados de fiscalizar el comercio exterior.
Reforma aduanera en Bolivia: el anuncio que sacude al control fronterizo
En un encuentro con organizaciones sociales y productivas, el mandatario boliviano reiteró que la actual Aduana Nacional “dejará de existir tal como funciona hoy” y será reemplazada por una nueva institución aduanera con estándares de transparencia y control más estrictos. Según la explicación oficial, no se trata de eliminar la fiscalización del comercio exterior, sino de sustituir un modelo ampliamente cuestionado por otro que reduzca la corrupción, las “aduanillas” en carretera y las denuncias de cobros irregulares a transportistas y comerciantes.
La propuesta presidencial enfatiza que Bolivia seguirá contando con un organismo encargado de controlar lo que entra y sale del país, pero bajo un diseño institucional diferente. La futura entidad de control fronterizo deberá integrar sistemas de información en línea, trazabilidad documental y un seguimiento más riguroso de las mercancías, con el fin de cerrar espacios al contrabando organizado y mejorar la recaudación fiscal sin aumentar la presión sobre el comercio formal.
De acuerdo con el propio Gobierno, el proceso será “ordenado y técnico”, lo que implica una transición gradual desde la estructura actual hacia la nueva institucionalidad. Ello incluye revisar normas, procedimientos, perfiles de personal y la relación con otros organismos como la administración tributaria y los cuerpos de seguridad desplegados en las fronteras. La apuesta política de la administración Paz es presentar esta reforma aduanera en Bolivia como un hito para recuperar la confianza ciudadana en los controles estatales.
¿Cómo será la nueva institución que reemplazaría a la Aduana Nacional?
Aunque todavía no se ha enviado un proyecto de ley al Legislativo, el Ejecutivo adelantó algunos lineamientos. La nueva entidad tendría carácter nacional, presencia en los principales pasos fronterizos terrestres, puertos secos y aeropuertos internacionales, y una fuerte base tecnológica para monitorear operaciones en tiempo real. El énfasis estará puesto en un comercio exterior más transparente, con controles menos discrecionales y procedimientos estandarizados que reduzcan la dependencia de la inspección manual.
El gobierno de Paz ha insistido en que la prioridad es desmantelar los pequeños puntos de control dispersos en carreteras, conocidos popularmente como “aduanillas”, vinculados a denuncias de coimas y filtración de mercancías. En su reemplazo, se proyecta un esquema de corredores seguros, con menor cantidad de puestos físicos pero mayor capacidad de fiscalización gracias al uso de escáneres, sistemas de lectura de matrículas, cámaras y plataformas de análisis de riesgo. La idea es que el flujo de camiones y contenedores pueda ser trazado digitalmente desde el ingreso hasta su destino final.
Otra dimensión clave de la propuesta es el rediseño del perfil del funcionario aduanero. El Ejecutivo ha señalado que la nueva institución deberá aplicar procesos de selección y evaluación más estrictos, con controles patrimoniales y mecanismos de rotación que reduzcan incentivos para la captura de puestos clave por redes de contrabando. Al mismo tiempo, se prevé mantener a funcionarios con experiencia técnica, pero bajo reglas de desempeño asociadas a indicadores de eficiencia, recaudación y tiempos de despacho.
Operativo de la Aduana Nacional con decomiso de electrónicos de contrabando en el departamento de Oruro.
Contrabando y recaudación: las cifras que presionan el cambio institucional
El trasfondo de la reforma aduanera está marcado por el peso del contrabando en la economía boliviana. Estudios de cámaras empresariales estiman que el ingreso de mercancía ilegal provoca pérdidas cercanas a los 2.300 millones de dólares anuales, cifra que equivale a cientos de miles de empleos formales y a una merma significativa de ingresos fiscales. En sectores como alimentos procesados, textiles, electrodomésticos y combustibles, la competencia desleal de productos sin impuestos ha sido señalada por la industria como uno de los principales obstáculos para invertir y expandir capacidad productiva.
Los datos oficiales también muestran la tensión entre el esfuerzo de control y la magnitud del problema. Informes recientes dan cuenta de que la Aduana Nacional de Bolivia llegó a realizar más de 13.000 operativos anuales contra el contrabando, con comisos que superan los 650 millones de bolivianos en mercancías en algunos ejercicios. A pesar de este despliegue operativo, las organizaciones empresariales y productivas sostienen que el flujo de mercancía ilegal sigue siendo elevado, sobre todo en las fronteras con Argentina, Brasil, Chile y Perú, lo que alimenta el debate sobre la eficacia del modelo vigente.
En rutas fronterizas estratégicas, los operativos han permitido la incautación de vehículos indocumentados, carga de alto valor y productos sensibles como cigarrillos, bebidas alcohólicas y aparatos electrónicos. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que la estructura actual presenta debilidades: dispersión de recursos, puntos de control poco coordinados, escasez de tecnología en ciertos pasos y un conjunto de procedimientos que, lejos de simplificar, pueden incentivar la informalidad. De ahí que la reforma al sistema aduanero se presente como una respuesta estructural más que como un simple aumento de controles.
| Indicador | Valor aproximado | Año / Fuente de referencia |
|---|---|---|
| Pérdida anual estimada por contrabando | USD 2.300 millones | Diagnósticos empresariales (2021) |
| Valor de mercancía incautada por la Aduana Nacional | Bs 652,8 millones (enero-noviembre) | Gestión 2022 |
| Número de operativos contra el contrabando | 13.421 intervenciones | Gestión 2022 |
El cuadro comparativo muestra la brecha entre el monto de mercancía decomisada y las pérdidas estimadas para la economía. Incluso con cifras históricas de comisos, el volumen de productos que ingresa sin pagar tributos seguiría siendo muy superior, lo que explica la presión de sectores industriales y comerciales para avanzar hacia una reforma estructural del control aduanero. Para los analistas económicos, el desafío consiste en diseñar una institución capaz de sostener la recaudación y, al mismo tiempo, simplificar los trámites para el comercio formal.
Cero arancel a la tecnología: una pieza clave contra el contrabando de electrónicos
En paralelo a la transformación institucional, el presidente Paz anunció una medida específica orientada a los productos tecnológicos: la eliminación de aranceles a dispositivos que no se producen en Bolivia, en particular teléfonos móviles, computadores, tabletas y otros equipos electrónicos. Según el mandatario, el objetivo es quitar incentivos al contrabando de celulares y computadoras, que hoy ingresa de forma masiva por pasos fronterizos informales y concentra una parte relevante del mercado interno.
La propuesta contempla elaborar un listado detallado de bienes de tecnología que quedarían exentos de aranceles de importación, siempre que los importadores registren formalmente las operaciones y cumplan con las obligaciones tributarias internas. De esta forma, el Gobierno busca que el consumidor final pueda acceder a dispositivos a precios más competitivos en el comercio formal, reduciendo la ventaja de la oferta ilegal. La reforma arancelaria se presenta como un complemento de la nueva institucionalidad de control fronterizo, y su impacto se seguirá de cerca por parte de comerciantes, distribuidores y operadores logísticos.
Patio con vehículos de contrabando retenidos por la Aduana Nacional de Bolivia en operativos de control.
Reacciones políticas y desafíos para la implementación de la reforma aduanera
El anuncio de que la actual Aduana Nacional “morirá” para dar paso a una nueva institución generó reacciones inmediatas en el escenario político boliviano. Sectores aliados al Gobierno respaldan la iniciativa y la presentan como una respuesta a años de denuncias de corrupción y extorsión en los controles aduaneros. Desde la oposición y corrientes críticas del oficialismo se advierte, en cambio, que cualquier cambio institucional debe respetar la estabilidad de la recaudación y evitar vacíos que puedan ser aprovechados por redes de contrabando y delitos conexos.
Organizaciones empresariales e industriales, que desde hace tiempo demandan una lucha más efectiva contra el comercio ilegal, observan con atención los detalles de la propuesta. Para muchas empresas manufactureras, el contrabando no solo erosiona ventas, sino que distorsiona la competencia en logística, transporte de carga y servicios de distribución interna. Estas organizaciones han insistido en la necesidad de reforzar la cooperación con países vecinos, mejorar la inteligencia en frontera y fortalecer la trazabilidad de la carga que circula por los corredores bioceánicos y rutas que conectan a Bolivia con puertos del Pacífico y del Atlántico.
Los desafíos de implementación son múltiples. Una transformación de esta magnitud requiere aprobación legislativa, rediseño de la estructura orgánica, ajustes en los marcos reglamentarios y una fuerte inversión en infraestructura tecnológica y formación de personal. También será clave la coordinación con fuerzas armadas, policía, instituciones tributarias y agencias especializadas en delitos económicos. Para el sector logístico y portuario de la región, el proceso boliviano será un caso a seguir, ya que puede influir en los tiempos de despacho, en la planificación de rutas y en los costos operativos de las cadenas de suministro que utilizan territorio boliviano para conectar mercados.
Mientras se definen los detalles de la nueva entidad de control aduanero, el debate boliviano pone en primer plano la relación entre seguridad en frontera, competitividad logística y política fiscal. La forma en que se concrete esta reforma influirá en la dinámica del comercio regional, en la percepción de riesgo para los operadores y en la capacidad del Estado boliviano para reducir el espacio del contrabando en sectores estratégicos de su economía.
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