Competencia, conectividad y costos logísticos en la red marítima doméstica.
La modernización del cabotaje aprobada en 2025 abre un 2026 clave para Chile: nuevas reglas de juego, más presión por eficiencia y un debate sensible sobre tarifas, empleo marítimo y cobertura territorial. Este análisis sintetiza el estado normativo, los escenarios probables y cómo podrían moverse los costos logísticos del transporte marítimo doméstico frente al camión y el ferrocarril.
Qué entendemos por cabotaje y qué cambió rumbo a 2026
El cabotaje cubre el transporte marítimo de carga y pasajeros entre puertos del mismo país. Históricamente Chile reservó esta actividad a naves chilenas, con excepciones acotadas y mecanismos de autorización cuando no había oferta local suficiente. En 2025 el Congreso despachó una reforma que moderniza y flexibiliza el sistema de cabotaje de carga, incorporando nuevas figuras de ingreso controlado de competidores, estándares operacionales y mecanismos de supervisión. El foco declarado de la política pública es reducir costos logísticos, aumentar competencia donde exista holgura y preservar la seguridad y el desarrollo de la marina mercante nacional.
Cómo se forma la tarifa: los cinco bloques de costo
La tarifa de flete cabotaje puede descomponerse en: 1) Combustible (búnker y eficiencia del casco), 2) Tripulación y dotación (régimen laboral, turnos), 3) Costos portuarios (tasa, muellaje, remolque, practicaje), 4) Capital y mantenimiento (financiamiento, seguro, dry-dock) y 5) Back-office y comercial. A esto se suman factores de ruta (distancia, meteo-oceanografía), tamaño de nave, utilización y frecuencia. Cualquier apertura o ajuste normativo impacta estas partidas de modo distinto: por ejemplo, la entrada de nuevos oferentes suele presionar el margen comercial y mejorar utilización, mientras que cambios de seguridad o tripulación pueden elevar costos fijos.
Segmentos con sensibilidad distinta: contenedor, granel y sur austral
No todos los tráficos reaccionan igual. El contenedor doméstico (carga general) es el más expuesto a competencia intermodal con el camión y el ferrocarril, por lo que cualquier baja de tarifa o mejora de frecuencia puede capturar parte del flujo terrestre. En graneles (combustibles, clinker, granos) la estructura de contratos y la especialización de naves atenúan el efecto precio de corto plazo. En el sur austral (Canales Patagónicos) la seguridad de vida humana en el mar, la meteorología y la escasa alternativa terrestre vuelven más crítica la calidad de la operación, y menos probable una competencia puramente tarifaria.
Escenarios 2026: continuidad regulatoria, apertura gradual y coordinación modal
Con la ley ya despachada, 2026 será la temporada de implementación reglamentaria y de ver sus efectos en operación real. Se abren tres escenarios prácticos: (A) Continuidad con fiscalización —la autoridad prioriza reglamentos, seguridad, reciprocidad y control de excepciones—; (B) Apertura gradual —mayor participación de nuevos oferentes en tramos con capacidad ociosa y presión a la baja de tarifas en tráfico contenedor—; (C) Coordinación modal —planes puerto-carretera-ferro que premian servicios marítimos regulares y de menor impacto ambiental, con ventanas, frecuencias y tarifas estabilizadas por contratos de servicio. El resultado observable en precios dependerá de la combinación de estos tres vectores y de la estacionalidad.
Mecanismos clave de la reforma y su traducción operativa
Los mecanismos relevantes para 2026 incluyen: autorizaciones condicionadas cuando no hay oferta nacional suficiente en una ruta; uso de capacidad ociosa en naves vinculadas a comercio exterior (“ruta de salida”); reglas de reciprocidad en ciertas operaciones; y waivers con vigencia y fiscalización definidos. En la práctica, rutas con estacionalidad y poca densidad se beneficiarán de capacidad adicional, mientras que los corredores de alto flujo requerirán coordinación fina en puertos para evitar cuellos de botella que diluyan la baja de precios.
Competencia, seguridad y empleo: el triángulo a balancear
El valor de la apertura se pierde si no hay estándares homogéneos de seguridad y fiscalización: dotación mínima, mantenimiento, cumplimiento de ISM/ISPS, trazabilidad de bandera y responsabilidad civil. En empleo, el desafío es migrar desde un esquema defensivo a uno competitivo, con formación, recambio tecnológico y encadenamientos locales (astilleros, servicios portuarios, abastecimiento), especialmente en el sur austral y zonas extremas.
Método de estimación tarifaria: de los supuestos a la ruta
Para 2026 recomendamos estimar el impacto tarifario por rutas representativas y no por promedios nacionales: Valparaíso–San Antonio–Talcahuano (contenedores y carga fraccionada), Mejillones–Iquique (granel/insumos industriales) y Puerto Montt–Aysén–Magallanes (mixto y sur austral). El modelo de referencia combina voyage cost (combustible, puerto, tripulación) y capital cost por viaje, ajustado por utilización (ocupación) y rotación semanal. Los resultados deben sensiblizarse a 1) precio del combustible, 2) productividad portuaria y 3) frecuencia efectiva.
Tabla comparativa de escenarios y efectos esperados
La siguiente tabla resume, a nivel cualitativo, los impactos esperados si se aplican los mecanismos de apertura con fiscalización estricta:
| Variable | Escenario A: continuidad | Escenario B: apertura gradual | Escenario C: coordinación modal |
|---|---|---|---|
| Tarifa en contenedor doméstico | Leve ajuste por competencia puntual | Baja moderada en corredores densos | Baja estable asociada a contratos y frecuencia |
| Frecuencia y regularidad | Similar a 2024–2025 | Mejora en temporada alta | Mejora sostenida todo el año |
| Seguridad y cumplimiento | Sin cambios significativos | Exigencia alta con más fiscalización | Estándares altos + interoperabilidad modal |
| Participación del modo marítimo | Estable | Crecimiento en corredores aptos | Crecimiento con traslape camión/ferro |
| Impacto territorial (zonas extremas) | Neutro | Positivo con apoyos focalizados | Alto si se prioriza cobertura y continuidad |
Rutas demostrativas 2026: cómo medir resultados
Para transparentar el efecto real en precios, sugerimos medir variación trimestral de: tarifa promedio por TEU en tramos domésticos, tarifa por tonelada en graneles, frecuencia efectiva por corredor y regularidad (cumplimiento de itinerarios). Complementar con indicadores ambientales (CO2 por tonelada-km) y de seguridad. La publicación de estas métricas —idealmente en formato abierto— permitirá a puertos, navieras y cargadores ajustar decisiones.
Riesgos a monitorear y mitigaciones
- Desalineación de estándares (tripulación, seguros, mantenimiento) → fiscalización y homologación.
- Congestión portuaria que erosiona la baja de tarifas → coordinación de ventanas y productividad.
- Desvío de flota por volatilidad de precios de bunker → cláusulas de ajuste y contratos por temporada.
- Impacto laboral → programas de recualificación y encadenamientos locales.
- Gobernanza → comité interinstitucional con panel de indicadores y auditoría pública.
Finalmente
La reforma del cabotaje abre oportunidades para bajar costos y fortalecer la resiliencia logística del país, pero su éxito dependerá de la implementación 2026: reglas claras, estándares homogéneos, medición pública y coordinación con carretera y ferrocarril. Un mercado más competitivo, seguro y trazable puede convertir la costa chilena en un verdadero corredor doméstico marítimo.
- Ley de Navegación (DL 2.222) y normativa complementaria (Ley Chile/BCN).
- Ley 21.138 (2019): autorización a cruceros extranjeros en cabotaje de pasajeros en ciertos casos.
- Mensajes oficiales 2025 del Ministerio de Economía, Hacienda y MTT sobre modernización del cabotaje de carga.
- Senado de Chile: hitos de tramitación y presentaciones técnicas 2024–2025.
- Análisis académicos y comparados sobre reserva de cabotaje y sus excepciones en la región.
- Informes de impacto regulatorio y antecedentes sobre externalidades y costos logísticos.
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