La medida podría endurecer sanciones y elevar riesgos de seguros y pagos para comercio marítimo.
La administración de Estados Unidos activó el proceso para clasificar como organización terrorista extranjera al llamado “Cartel de los Soles”, una presunta red de narcotráfico que Washington vincula al entorno político y militar de Nicolás Maduro. La medida amplía el marco sancionatorio, criminaliza el apoyo material a la estructura y eleva la tensión bilateral en medio de una nueva fase de presión sobre Venezuela.
Estados Unidos dio un paso decisivo para incorporar al “Cartel de los Soles” en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una figura jurídica reservada históricamente para grupos armados transnacionales. La designación, impulsada por el Departamento de Estado y notificada en registros federales, sostiene que la red opera desde Venezuela y estaría integrada por altos mandos militares y funcionarios cercanos al gobierno de Maduro, con vínculos en rutas de cocaína hacia América del Norte y Europa.
El anuncio ocurre en un momento de reconfiguración de la estrategia estadounidense hacia Caracas. Fuentes oficiales han señalado que el salto desde sanciones financieras hacia la calificación terrorista busca aumentar el costo político y operativo de las redes ilícitas atribuidas al aparato estatal venezolano. Para Washington, el foco no es solo el narcotráfico, sino también la supuesta colaboración de estas estructuras con organizaciones criminales ya catalogadas como terroristas por Estados Unidos, como Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Qué es el “Cartel de los Soles” según Washington
La expresión “Cartel de los Soles” no corresponde a una banda criminal clásica con jerarquía visible y mandos reconocidos públicamente. De acuerdo con la narrativa estadounidense, el término agrupa desde hace décadas a oficiales venezolanos señalados por facilitar o dirigir tráfico de drogas, aprovechando control territorial, puertos, aeródromos y redes logísticas estatales. El nombre surgió en los años noventa a partir de investigaciones sobre generales que portaban emblemas solares en sus uniformes, y desde entonces ha sido usado para describir una trama de corrupción y complicidad militar con el narcotráfico.
En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína al mercado estadounidense. Aquellas imputaciones sostuvieron que la estructura habría operado en coordinación con excombatientes de las FARC para utilizar territorio venezolano como corredor hacia el Caribe y América Central. La actual designación terrorista se apoya en esa línea argumental y en nuevos antecedentes sobre rutas, financiamiento y protección institucional.
Alcances de la designación terrorista
La figura de organización terrorista extranjera implica consecuencias automáticas en el sistema legal estadounidense. Entre ellas, convertir en delito cualquier apoyo material o financiero a la red designada, congelar activos que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos y restringir el ingreso de sus presuntos miembros. En la práctica, el rango de aplicación suele extenderse a terceros que, a juicio de Washington, faciliten operaciones de la estructura, con potencial impacto en empresas y actores que mantengan vínculos comerciales o logísticos con entidades estatales venezolanas.
La medida se suma a sanciones previas del Departamento del Tesoro, que ya había catalogado al “Cartel de los Soles” como entidad global de narcotráfico y terrorismo, con restricciones financieras y bloqueo de activos. El paso reciente eleva el caso a otra categoría, ampliando herramientas de persecución penal y de inteligencia, y habilitando mecanismos de cooperación con países aliados para actuar contra eventuales redes de apoyo.
Declaraciones en Washington y lectura estratégica
Tras adelantar la decisión a inicios de mes, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que la designación responde a la necesidad de frenar una supuesta “red narcoterrorista” incrustada en el aparato venezolano. En paralelo, el Pentágono confirmó que la nueva clasificación “abre opciones adicionales” en el campo militar y de inteligencia para enfrentar el tráfico ilícito asociado a Venezuela, sin detallar acciones específicas.
La decisión coincide con movimientos navales y de vigilancia en el Caribe y con reportes que señalan que la Casa Blanca evalúa un nuevo ciclo de operaciones para presionar al gobierno venezolano. Voces del propio Ejecutivo estadounidense han deslizado que el objetivo es debilitar redes de financiamiento ilícito y modificar los incentivos internos de las fuerzas armadas venezolanas, consideradas un pilar central de la estabilidad política en Caracas.
Respuesta de Venezuela: negación de la red y denuncia de intervencionismo
El gobierno venezolano rechazó la decisión y la calificó como una construcción política destinada a justificar nuevas medidas de presión externa. Autoridades en Caracas han insistido en que el “Cartel de los Soles” es una invención propagandística sin existencia real, y han acusado a Estados Unidos de buscar un pretexto para escalar sanciones y fomentar un escenario de intervención.
En el plano interno, el oficialismo ha reforzado un discurso de cohesión frente a amenazas externas, mientras sectores militares han reiterado apoyo al Ejecutivo. La tensión se trasladó también al plano diplomático, con advertencias desde Caracas sobre efectos en la cooperación regional y el riesgo de “criminalizar al Estado venezolano” bajo categorías de terrorismo.
Imagen de archivo del presidente Nicolás Maduro durante una actividad oficial, utilizada como referencia en el contexto de la nueva ofensiva política y sancionatoria de Estados Unidos.
Contexto regional y efecto disuasivo en el sistema financiero
La designación terrorista suele tener un efecto disuasivo más amplio que las sanciones tradicionales, dado que involucra riesgos penales para bancos, intermediarios y empresas que realicen transacciones directas o indirectas con actores señalados. En el caso venezolano, Washington argumenta que la trama ilícita es de carácter estatal, por lo que el margen de impacto externo puede incluir operaciones comerciales con empresas públicas y redes logísticas asociadas.
Desde una perspectiva regional, el movimiento estadounidense reabre un debate sobre la utilización de categorías antiterroristas para enfrentar delitos transnacionales. Analistas han señalado que el precedente podría modificar la relación de terceros países con Venezuela, especialmente allí donde existen negocios energéticos, financieros o logísticos que pasan por rutas bajo vigilancia estadounidense.
Implicancias para comercio marítimo y logística internacional
Si bien la medida estadounidense no es una restricción directa al comercio marítimo de la región, su alcance puede incidir en cadenas logísticas relacionadas con Venezuela. Los regímenes antiterroristas suelen aumentar los controles de cumplimiento en seguros marítimos, financiamiento de carga y servicios portuarios, en especial cuando existen dudas sobre el origen de fondos o la identidad de contrapartes.
En términos operativos, cualquier elevación del riesgo país tiende a reflejarse en mayores exigencias de due diligence por parte de navieras, agentes de carga y aseguradoras internacionales. En los últimos años, los tráficos vinculados a Venezuela ya enfrentaban restricciones por sanciones energéticas y financieras; ahora, la calificación terrorista añade una capa adicional de cautela para el sector que todavía opera en el país, tanto en exportación de hidrocarburos como en importación de bienes esenciales.
Este escenario también puede influir en decisiones de transbordo regional. En la medida en que operadores marítimos eviten escalas o servicios asociados a entidades venezolanas, puertos del Caribe y del Atlántico sudamericano podrían reabsorber o redistribuir ciertos flujos. Sin embargo, el efecto final dependerá de cómo las navieras interpreten el riesgo y de la evolución de la política de sanciones de Estados Unidos en las próximas semanas.
Una presión que se inserta en la dinámica política venezolana
La ofensiva estadounidense llega en un momento de tensión interna por el panorama político pos-electoral en Venezuela y por los esfuerzos del Ejecutivo para mantener cohesión institucional. Washington ha insistido en que su estrategia se orienta a presionar a actores que faciliten redes ilícitas, mientras Caracas lo interpreta como un intento de aislar al país y forzar quiebres en la élite gobernante.
La designación terrorista del “Cartel de los Soles” se convierte, así, en una pieza mayor de una disputa más amplia. Por un lado, Estados Unidos refuerza su narrativa de combate al narcotráfico y la criminalidad transnacional. Por otro, el gobierno venezolano la utiliza como evidencia de agresión externa para fortalecer su discurso interno y movilizar apoyos políticos.
En lo inmediato, la tensión bilateral seguirá dominada por el cruce de acusaciones y por la evolución de las medidas complementarias que puedan anunciarse desde Washington. Al mismo tiempo, el movimiento añade incertidumbre al tablero regional, en particular para países y empresas que interactúan con el comercio venezolano bajo regímenes de sanciones cada vez más complejos.
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Fuentes
- Departamento de Estado de EE.UU. – Notificación oficial de designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (noviembre 2025).
- Departamento del Tesoro de EE.UU. – Antecedentes de sanciones por narcotráfico y terrorismo vinculadas a redes venezolanas (julio 2025).
- Reuters – Reportes sobre el procedimiento de designación, alcance de sanciones y reacciones oficiales (22–24 noviembre 2025).
- Associated Press – Contexto histórico y debates sobre la existencia y estructura del Cartel de los Soles (24 noviembre 2025).
- El País – Respuesta del gobierno venezolano y lectura política interna de la medida estadounidense (24 noviembre 2025).
- Al Jazeera – Explicación del estatus FTO y posibles efectos regionales de la medida (24 noviembre 2025).
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