Por redacción Mundo Portuario
La economía chilena parece haber entrado en una zona de riesgo silenciosa pero persistente. Pese a ciertas señales de recuperación, múltiples voces desde el mundo académico, empresarial y técnico coinciden en que el país enfrenta un momento definitorio: si no se implementan reformas estructurales en el corto plazo, los costos de la inacción podrían convertirse en lastres permanentes para el desarrollo.
Durante los últimos años, el debate económico ha estado marcado por la tensión entre el corto plazo y la visión de largo aliento. Se han discutido reformas tributarias, mejoras al sistema previsional, ajustes fiscales, pero la percepción generalizada es que Chile sigue operando con una lógica reactiva, sin una hoja de ruta clara que articule crecimiento, innovación, equidad y productividad.
Varios economistas han advertido que 2025 podría ser un punto de no retorno si no se reactiva la inversión privada, se moderniza la estructura del Estado y se retoman las confianzas en los motores tradicionales de crecimiento. La baja productividad, el retroceso en índices de inversión extranjera directa, el estancamiento del empleo formal y la inestabilidad regulatoria son síntomas que se arrastran desde hace más de una década.
La pregunta que muchos evitan formular directamente pero que flota en el ambiente es clara: ¿tiene Chile hoy un proyecto país?
En otros momentos de su historia, Chile logró articular consensos que guiaron su desarrollo económico: la apertura comercial en los 90, la consolidación fiscal de los 2000, el auge del cobre como motor de ingresos. Hoy, en cambio, predomina un escenario de fragmentación política, diagnósticos cruzados y una ciudadanía que exige cambios estructurales sin confiar plenamente en las instituciones que deberían liderarlos.
El riesgo no es solo económico. La parálisis del crecimiento afecta directamente la calidad de vida de las personas, agrava las desigualdades, y genera frustración social que alimenta discursos polarizados y desconexión política. Además, limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas ambiciosas en salud, educación, vivienda o seguridad.
Lo que se requiere, según distintas voces del mundo técnico y empresarial, no es solo una reactivación coyuntural, sino una redefinición del modelo. Un proyecto que integre nuevas industrias (tecnología, energías limpias, innovación), simplifique regulaciones, fortalezca la institucionalidad y vuelva a generar certezas para invertir, producir y emprender.
Sin embargo, el clima político no facilita el consenso. Las elecciones presidenciales de noviembre de 2025 ya han polarizado el debate, y las propuestas económicas de los distintos sectores muestran visiones contrapuestas. Mientras algunos insisten en una agenda más redistributiva y estatal, otros empujan por liberar las trabas al sector privado y recuperar la iniciativa desde la empresa.
En este escenario, el verdadero desafío parece ser político y cultural: volver a construir una narrativa común sobre qué país se quiere ser, con qué herramientas y bajo qué principios. Porque sin un horizonte compartido, cualquier medida será solo un parche más.
Chile se encuentra ante una bifurcación histórica. Seguir administrando el presente o atreverse a diseñar el futuro. El tiempo corre. Y, como ya han advertido varios expertos, no sobra.
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