La reforma apunta a mayor trazabilidad y competitividad para operadores de comercio exterior.
El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), llevó al Congreso el Proyecto de Ley 312 de 2025, una iniciativa que busca reemplazar el actual régimen sancionatorio aduanero, ordenar el decomiso de mercancías y actualizar procedimientos. La propuesta introduce nuevas herramientas de gestión de riesgo y digitalización, en medio de un debate sobre proporcionalidad de sanciones y garantías para los operadores de comercio exterior.
Colombia dio un paso formal hacia la reconfiguración de su marco aduanero sancionatorio. La DIAN y el Gobierno nacional radicaron ante el Senado el Proyecto de Ley 312 de 2025, con el objetivo de adoptar un nuevo régimen sancionatorio aduanero, definir reglas de decomiso y establecer procedimientos aplicables a infracciones en operaciones de comercio exterior. La iniciativa comenzó su trámite legislativo el 30 de octubre de 2025 y debe ser aprobada antes del 20 de junio de 2026 para evitar un vacío normativo en esta materia.
El proyecto responde a la sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el régimen sancionatorio vigente al considerar que no podía regularse íntegramente mediante decreto. Tras ese fallo, el Congreso quedó mandatado a expedir una ley que restablezca la reserva legal en la potestad sancionatoria del Estado dentro del ámbito aduanero.
Objetivos centrales del nuevo régimen
La DIAN planteó que el propósito del nuevo régimen sancionatorio es fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, entregando un marco normativo claro, actualizado y alineado con estándares internacionales. La entidad sostiene que el proyecto busca dar mayor seguridad jurídica, modernizar procedimientos y adaptarse a la dinámica del comercio global, donde la trazabilidad de la carga y la prevención de riesgos son cada vez más determinantes.
El texto incorpora una revisión del catálogo de infracciones, los criterios de graduación de sanciones y los pasos administrativos que acompañan medidas como aprehensión, decomiso y definición de la situación jurídica de las mercancías. Con ello, el Gobierno pretende reemplazar un sistema considerado fragmentado, con tipificaciones amplias y sanciones que, según diversos actores, han generado interpretaciones dispares a lo largo del tiempo.
Tecnología, trazabilidad y gestión de riesgo
Uno de los componentes más destacados del Proyecto de Ley 312 es la modernización tecnológica de la acción aduanera. La propuesta plantea el fortalecimiento de sistemas de gestión de riesgo con apoyo de inteligencia artificial y big data, orientados a identificar operaciones sospechosas, mejorar la selectividad de controles y acelerar el análisis documental. También se exige interoperabilidad de plataformas y trazabilidad digital de procesos para elevar la transparencia de las operaciones.
Este cambio se enmarca en una tendencia internacional hacia modelos de control preventivo, donde la autoridad concentra recursos en operaciones de mayor riesgo y facilita el flujo de comercio legítimo. Para la DIAN, el salto tecnológico permitiría potenciar capacidades de fiscalización y responder con mayor rapidez a nuevas tipologías de fraude en un entorno de comercio electrónico creciente y cadenas logísticas más complejas.
Procedimientos más claros para aprehensión y decomiso
El proyecto intenta ordenar la ruta administrativa que sigue una mercancía cuando es retenida por presunto incumplimiento aduanero. Según la explicación oficial, se enuncian con mayor claridad los procedimientos aplicables en situaciones de decomiso, fijando plazos, etapas y criterios de decisión. La medida busca reducir espacios de ambigüedad y homogeneizar el trato entre distintos tipos de operadores, manteniendo el enfoque sancionatorio bajo una estructura legal definida por el Congreso.
Hitos y alcances del Proyecto de Ley 312 de 2025
| Elemento | Situación actual | Propuesta 2025 |
|---|---|---|
| Base legal del régimen | Marco mixto ley/decreto con vacíos tras fallo | Nueva ley integral sancionatoria y de decomiso |
| Fecha de radicación | N/D | 30 de octubre de 2025 |
| Plazo para expedir norma | Exigencia de la Corte | Antes del 20 de junio de 2026 |
| Herramientas de control | Gestión de riesgo con brechas operativas | IA, big data, interoperabilidad y trazabilidad digital |
Reducción de infracciones y gradualidad de sanciones
En el debate sectorial, algunos especialistas identifican avances en la propuesta. Exautoridades aduaneras han indicado que el proyecto reduce y compacta el número de infracciones en un catálogo más claro, incorpora principios de debido proceso y plantea incentivos al cumplimiento. Entre ellos se incluye la corrección voluntaria de errores, que podría disminuir sanciones cuando el operador subsana antes de una decisión definitiva. Esta arquitectura busca facilitar comprensión y aplicación del régimen por parte de la autoridad y de los usuarios del sistema aduanero.
El Gobierno ha defendido que el diseño sancionatorio debe ser proporcional y preventivo, coherente con la evolución del comercio exterior. Sin embargo, la lectura del articulado genera interpretaciones distintas sobre cómo se concretará esa gradualidad en la práctica y qué margen tendrá la autoridad para determinar culpabilidad o intención en las conductas sancionables.
Críticas desde gremios y consultoras
El proyecto también ha recibido reparos. Voceros gremiales sostienen que la iniciativa mantiene un modelo que sanciona con severidad errores formales de operadores legales, casi equiparándolos a conductas de contrabando. Desde Analdex se ha señalado que permanecen castigos elevados por fallas administrativas menores y que el texto podría consolidar un esquema de responsabilidad objetiva al eliminar el análisis de culpabilidad en ciertos casos.
A esas observaciones se suman consultoras y firmas de auditoría. KPMG ha advertido que el proyecto deja zonas grises en la definición de infracciones, lo que podría perpetuar inseguridad jurídica y discrecionalidad en la aplicación. También plantea que la ampliación de facultades sancionatorias de la DIAN no estaría acompañada por mecanismos de defensa y revisión fortalecidos en proporción, un punto sensible en la discusión parlamentaria.
Contrabando como trasfondo del debate
El trasfondo de la reforma es el impacto económico del contrabando. En el análisis técnico difundido sobre el proyecto, se menciona que este fenómeno puede representar hasta 10% del valor importado en el país y generar pérdidas anuales estimadas entre 25 y 35 billones de pesos colombianos. Bajo esa magnitud, el Ejecutivo argumenta que se requiere un marco más robusto para enfrentar operaciones ilegales y mejorar la capacidad de control en puertos, pasos fronterizos y plataformas de comercio digital.
La discusión, no obstante, gira en torno a cómo equilibrar ese objetivo con reglas claras para el comercio formal. Expertos consultados por medios colombianos destacan que el desafío central está en castigar efectivamente el delito aduanero sin asimilarlo a errores de tramitación que hoy son frecuentes en operaciones complejas, con altos volúmenes documentales y múltiples actores logísticos.
Trámite legislativo y próxima etapa
El Proyecto de Ley 312 seguirá ahora su discusión en Senado y Cámara. La DIAN ha solicitado celeridad para que la norma sea sancionada antes de la fecha límite fijada por la Corte Constitucional. En paralelo, distintos actores empresariales, académicos y gremiales han anunciado que participarán en la revisión del articulado, con propuestas de ajuste enfocadas en mayor precisión tipificadora, garantías procesales y incentivos efectivos a la legalidad.
Mientras avanza el debate, el contexto regional observa con atención este giro normativo. Colombia es un nodo relevante en el comercio intrarregional y en los flujos marítimos del Caribe y el Pacífico, por lo que cualquier ajuste en controles, sanciones y procedimientos puede incidir en tiempos de liberación de carga, trazabilidad documental y reglas de cumplimiento para importadores, exportadores y operadores logísticos. El nuevo régimen, de ser aprobado, configurará el marco sancionatorio de la próxima etapa del comercio exterior colombiano.
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- DIAN – Comunicado de Prensa N°097 sobre radicación del Proyecto de Ley 312 de 2025, octubre 2025.
- La República – Cobertura sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero y su trámite en el Congreso, octubre 2025.
- Valora Analitik – Análisis de cambios propuestos y observaciones técnicas del sector, noviembre 2025.
- Portafolio – Debate gremial y jurídico sobre proporcionalidad de sanciones en la propuesta, noviembre 2025.
- KPMG Colombia – Flash informativo sobre alcances y riesgos del Proyecto de Ley 312, noviembre 2025.
- Infobae Colombia – Síntesis de la reforma aduanera con IA y trazabilidad, noviembre 2025.
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